No soy muy dada a creer en la sabiduría popular que pretendidamente se concentra en dichos como aquel que dice “no hay mal que por bien no venga”. Pero en el caso del triunfo de Donald Trump, quizá sea posible afirmar que gracias a sus amenazas y manoteos grotescos ha logrado sacudir la conciencia mexicana, especialmente respecto a los más de seis millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos sin papeles, así como acerca de los temas no resueltos del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte.

Este efecto se comprueba claramente cuando se contrasta con el alto número de deportaciones realizadas durante los ocho años del Gobierno de Barak Obama. A pesar de los récords en deportaciones que hubo, el activismo y las iniciativas de defensa de los migrantes mexicanos se dieron a cuentagotas. El modo terso de Obama, su discurso siempre a favor de los derechos humanos, su pretexto de proceder con las deportaciones como una demostración de voluntad política hacia los republicanos para poder conseguir su aprobación a una reforma migratoria integral y la iniciativa Deferred Action for Childhood Arrivals, adormecieron los reflejos para defender a nuestras comunidades en el exterior. Casi tres millones de deportados, durante esos ocho años y no hubo un cambio importante en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer la labor de protección de los consulados Tampoco mejoraron presupuestalmente aquellos renglones de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración destinados a la protección de migrantes. Por el contrario, en el cómodo arreglo con la administración Obama, el Gobierno mexicano asumió el triste papel de “deportador en jefe” de migrantes centroamericanos y procedió a la militarización de la frontera sur, pues este es el significado del Plan de la Frontera Sur.

En el cómodo arreglo con la administración Obama, el Gobierno mexicano asumió el triste papel de “deportador en jefe” de migrantes centroamericanos y procedió a la militarización de la frontera sur

El inesperado triunfo de Donald Trump fue un shock de miles de voltios y uno de ellos, saludable. La ilusión de que Trump asumiría un papel presidenciable pronto se hizo añicos: cada nombramiento, cada Orden Ejecutiva, cada memorándum… comprobaban que la verborrea antimexicana esgrimida en la campaña seguiría presente en las políticas públicas de la nueva administración.

En la sociedad civil surgieron dos iniciativas notables: la Agenda Migrante, impulsada por Eunice Rendón, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín; y la Operación Monarca en el Senado de la República. En los Estados Unidos, el trabajo y experiencia de años reunidos en los consulados mexicanos más activos –inmediatamente proporcionaron una gran riqueza de información sobre los posibles modus operandi de las próximas deportaciones– permitieron activar redes de contactos con las bien organizadas comunidades mexicanas y centroamericanas asentadas “del otro lado”.

En el Congreso de la Unión, donde no habíamos conseguido mover un milímetro el presupuesto enviado por Hacienda para Relaciones Exteriores, se consiguió el compromiso de dedicar por parte del Ejecutivo los mil millones de pesos a los que había renunciado el Instituto Nacional Electoral para la construcción de su nuevo edificio para consulados. Integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras recorremos los consulados y nos entrevistamos con las policías locales, con autoridades del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), y con titulares de los Centros de Detención, para hacerles saber que estamos atentos a violaciones de los derechos de mexicanos y centroamericanos, y entablamos diálogo con legisladores locales y federales, unimos fuerzas contra iniciativas antimexicanas como en Arizona y, en contraste, apoyamos iniciativas de ciudades santuario como en California.

En especial, la Agenda Migrante se convirtió en un foro en el que convergen autoridades gubernamentales mexicanas de ambos lados de la frontera, organizaciones de migrantes (también de ambos lados de la frontera), legisladores, periodistas y abogados especializados en temas de migración. Esta iniciativa consiguió la confianza de los migrantes en peligro de ser deportados.

Escuchamos sus testimonios estrujantes, sus vivencias y frustraciones al intentar regresar a vivir en México, su estadía en los Centros de Detención, sus peticiones concretas: defensa jurídica para prolongar su estancia en Estados Unidos, orientación legal para proteger a sus hijos y propiedades en caso de ser deportados, obtención de papeles de identidad apropiados que funcionen en México, oportunidades de reinserción.

Ironías de la historia, pero quizá tendremos que agradecer al peor presidente de la historia reciente de los Estados Unidos el despertar mexicano

La realidad pronto evidenció qué tan lejos se estaba de servir adecuadamente a los migrantes. Las iniciativas y las buenas intenciones tardan en implementarse, los hábitos burocráticos son tercos en desterrarse y un número cada vez mayor de de-portados con un perfil diferente al de la administración anterior, con más años viviendo en Estados Unidos, bien insertados en sus comunidades y sin haber cometido algún delito relevante, evidenciaron lo que falta por hacer y el reto de las autoridades e iniciativas mexicanas.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), solo agregaría que la llega-da del presidente Trump también ha sido útil para poner presión sobre la diferencia abismal entre salarios en Estados Unidos y México. Muchos hemos denunciado la precariedad del salario mínimo y hemos hecho campaña por su mejora, pero solo se ha tomado en serio cuando esta injusticia in-defendible amenaza la prolongación del TLCAN. Ironías de la historia, pero quizá tendremos que agradecer al peor presidente de la historia reciente de los Estados Unidos el despertar mexicano.