Vivimos tiempos tumultuosos. No demasiado distintos a los que se vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Antonio Gramsci, intelectual italiano encarcelado por Mussolini en 1929, lo resumió muy bien en su obra Cuadernos de la Cárcel [Prison Notebooks]: “El viejo mundo se muere y el nuevo pugna por nacer. Y en ese claroscuro aparecen los monstruos”.

El viejo mundo hacía referencia a los imperios decadentes de Europa, y el nuevo mundo consistía en una caótica lucha entre las visiones enfrentadas de las distintas formas de Estado ascendentes: fascismo, comunismo y capitalismo liberal democrático. La lucha entre estas facciones resultó en la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial; tras la Guerra Fría y el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991, terminó con el comunismo y el proceso culminó con la adhesión de la República Popular de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Las democracias liberales, encabezados por los Estados Unidos e impulsadas por las economías de mercado, se alzaron con la victoria y presidieron un sistema basado en las normas de las instituciones internacionales. Un final feliz. O eso pensábamos…

Desde la crisis financiera de 2008, el miedo cada vez mayor ante la vulnerabilidad económica y la sensación de que la propia identidad cultural se ve amenazada han dado lugar a movimientos populistas y nacionalistas, en concreto en los países más desarrollados de Europa y en los Estados Unidos, en los que la globalización y los regímenes de inmigración liberales están más avanzados.

Donald Trump, por tanto, se ha aprovechado de este creciente temor económico e intranquilidad cultural. Su retórica es extremista en muchas ocasiones y a menudo contradictoria, pero consiguió alzarse con una victoria histórica. Lo que está por ver es qué tipo de políticas específicas va a presentar y las que va a conseguir aprobar en un Congreso cada vez más polarizado.

El equipo de seguridad nacional de Trump es competente y tiene experiencia. El tablero que han heredado incluye una masa euroasiática muy convulsa, de un extremo a otro. De hecho, unos de los pocos lugares con relativa estabilidad y crecimiento son América Latina y el Caribe. El equipo de seguridad nacional de Trump va a estar muy ocupado gestionando crisis en la otra parte del mundo durante el futuro próximo puesto que entienden que la capacidad de los Estados Unidos de proyectar su fuerza a nivel global radica en su capacidad de mantener la estabilidad en el hemisferio occidental. La amenaza más grave al interés nacional de los EE. UU. en la región, proviene de un estado cuya costa se encuentra cercana y cuyo desmoronamiento puede provocar una crisis de refugiados de grandes pro-porciones. Más allá de dicha contingencia, lo más probable, para bien o para mal, es que la administración se centre en otros lugares.

Con respecto al comercio, la brecha entre el discurso de la campaña y la política real es bastante amplia. Aunque el presidente Trump sacó a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) como una de sus primeras acciones ejecutivas, la realidad es que habría sido muy difícil ratificar el TPP en el Congreso. El tema principal de la campaña en cuanto al comercio fue la “anulación” Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) y la renegociación de un acuerdo bilateral más favorable con México y Canadá.

El 18 de mayo, Robert Lighthizer, recién nombrado Representante Comercial de los EE. UU. notificó formalmente al Congreso la intención de la administración de renegociar el NAFTA, dando inicio así a un periodo de consulta parlamentaria de 90 días. Lighthizer declaró que esperaba que las negociaciones se pudieran celebrar trilateralmente, si bien con algunos temas específicos que se tratarían de forma bilateral. También afirmó que el NAFTA había favorecido a muchos sectores de los EE. UU. incluyendo la agricultura, inversión y energía. El principal problema habría sido la pérdida de puestos de trabajos en el sector de la fabricación.

La administración aún no ha anunciado los objetivos específicos que se perseguirán en la negociación del NAFTA, pero sí han adelantado que: “Buscará nuevas disposiciones relativas a los derechos de la propiedad intelectual, prácticas reglamentarias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, mano de obra, medioambientales y PYMES”. Este mensaje es mucho más frío que el discurso de la campaña.

La administración pretende revisar toda la Administración Federal del Transporte (FTA, por sus siglas en inglés), pero no está claro qué métricas se van a emplear. Lo más probable es que la métrica principal sea la balanza comercial, y según dicho criterio, lo más probable es que República Dominicana y América Central lo cumplan, puesto que EE. UU. cuenta con un excedente comercial con dichos países. Es de esperar una revisión y refuerzo de los derechos de propiedad intelectual y los capítulos relativos a la mano de obra y al medio ambiente para que se ajusten más a las FTA más actuales y se añada un capítulo relativo al comercio digital y electrónico. En general, no esperamos cambios relevantes a los elementos base del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por siglas en inglés).

Para República Dominicana, el riesgo principal con respecto al comercio no tiene nada que ver con el tratado de comercio, sino con la reforma fiscal. Como parte de la propuesta de reforma fiscal que se está estudiando en el Congreso, el presidente Ryan ha presentado el concepto de impuesto de ajuste fronterizo, BAT (Border Adjustment Tax) para ayudar a pagar las deducciones de tipos de impuestos marginales sobre empresas y personas físicas. Un impuesto como el BAT sería muy perjudicial para la cadena de suministro de EE. UU. y República Dominicana y las exportaciones de manufactura. Aunque las perspectivas del BAT disminuyen conforme se va entendiendo, se debe vigilar de cerca.

Es inevitable que la reforma fiscal de los EE. UU. sobre los tipos societarios marginales, así como los impuestos sobre beneficios repatriados tenga un impacto sobre los flujos de inversión. A ese respecto, resulta importante que la República Dominicana revise sus políticas fiscales para asegurarse de que sigue siendo competitiva y así garantizar la continuidad de inversiones extranjeras directas. Si la República Dominicana pudiera hacerlo a la vez que mantiene los elementos base del DR-CAFTA, estará muy bien posicionada para atraer inversiones en operaciones regionales logísticas y de producción.