Antes de ser candidato a la presidencia, Donald Trump ya era famoso por haber dicho que el cambio climático era un complot de los chinos para hacer daño a la economía de EE. UU. Durante la campaña insistió en que aquello era un engaño; prometió echar abajo las regulaciones ambientales establecidas por el expresidente Barack Obama, que calificó de “estúpidas”, y anunció que retiraría a EE. UU. del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (APCC).

Dicho y hecho: una semana después de su toma de posesión, Trump autorizó la construcción de dos oleoductos prohibidos por Obama por razones ambientales, el Keystone XL y el Dakota Ac-cess. Y el 28 de marzo firmó la orden ejecutiva de-rogando todas las medidas en favor del ambiente de Obama. Entre otras, eliminó las reglas del Plan de Energía Limpia que ponían límites a las emisiones de carbono en el país.

Como dijo en un editorial el Washington Post:

“Cuando los niños estudien la presidencia de Trump se preguntarán: ‘¿Cómo pudo alguien haber hecho esto?’. Es que EE. UU. es, hoy por hoy, un país sin política ambiental”.

Empero, la decisión respecto a la salida del APCC se ha demorado. A inicios de mayo se anunció una nueva postergación hasta la vuelta de Trump de la cumbre del G7. El mandatario parece hallarse indeciso ante la polémica que hay entre sus asesores. De un lado están quienes presionan a Trump por la salida del APCC: su vicepresidente, Mike Pence; su asesor estratégico, Steve Bannon; y Scott Pruitt, un conocido ene-migo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a quien, para asombro de todos, Trump nombró administrador de dicha institución. Bannon es radical: niega que se esté produciendo el cambio climático y, aunque Pence y Pruitt no lo niegan, sostienen que no son las actividades humanas las que contribuyen a causarlo y promocionan los combustibles fósiles.

Del otro lado en la disputa estarían la hija y asesora del presidente, Ivanka Trump, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, a quienes les preocuparían los efectos negativos que tendría el retiro en las relaciones internacionales de EE. UU.

Como es sabido, la comunidad científica, incluida la NASA, considera que el dióxido de carbono (subproducto de la quema de los combustibles fósiles en automotores y fábricas) es un contribuyente primordial del cambio climático. Los científicos advierten que, aunque el APCC busca limitar el aumento de la temperatura terrestre a más de dos grados centígrados sobre los niveles de la era pre-industrial, para tener un 66 % de probabilidades de alcanzar ese nivel, se requiere detener ahora mismo todo nuevo proyecto de energía fósil, iniciar el declive de ese tipo de energía y adoptar sistemas de energía limpia en todo el mundo. Un aumento de más de tres grados, cosa no imposible, produciría cambios irreversibles en el planeta y consecuencias catastróficas para la humanidad antes del fin de siglo.

Y las malas noticias no cesan: 2016 fue el año más caliente desde que hay registros, hubo muchas más inundaciones, tormentas y sequías en diferentes partes del mundo. Este abril de 2017, por primera vez en millones de años, la concentración de CO2 en la atmósfera llegó a 410 ppm (partes por millón) en el observatorio de Mauna Loa, en Hawaii. Sus niveles eran de 280 ppm en 1958 y rebasó los 400 ppm en 2013. Si llega a 450 ppm, las posibilidades de mantener un aumento de temperatura de más de dos grados centígrados, se reducirán al 50 %.

Que el actual Gobierno de EE. UU. se oponga de manera tan rotunda a las conclusiones científicas –una situación de por sí escandalosa y que recuerda épocas oscuras de la humanidad– no nace de que Trump y sus funcionarios sean unos ignorantes, sufran de miopía o estén locos, sino de que es un gabinete plutocrático lleno de millonarios y magnates que mantienen estrechos lazos con las industrias fósiles y las apoyan, impulsando una política egoísta e irresponsable.

Las medidas de Trump ponen en riesgo los avances mundiales contra el cambio climático, considerando que EE. UU. es el mayor contaminador después de China. La salida del APCC, lo aislaría en el contexto mundial, y tendría un efecto cascada, puesto que las empresas petroleras y mineras y los países que tienen reservas fósiles tendrían la excusa perfecta para también desconocer el tratado.

Renunciar a controlar las emisiones y lanzar a la industria fósil a una extracción acelerada de petróleo, carbón y minerales, afectará de manera directa a América Latina, cuyos recursos están en línea para ser explotados por las grandes empresas favorecidas por Trump y que, tras la crisis de los precios de las materias primas por la desaceleración de China, está desesperada por nuevas inversiones. Supone retornar a un modelo muerto. Además, se derrumbaría la cooperación internacional para financiar la adaptación al cambio climático y su mitigación en la región. Pero incluso frente a este escenario, América Latina no debe renunciar a defender el planeta ante el mayor reto de su historia: permitir que la Tierra sea habitable para las próximas generaciones.