En lo transcurrido del 2017 es evidente que la confrontación armada entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha llegado a su fin. Cerca de seis mil guerrilleros se han movilizado hacia los sitios de concentración y, próximamente, se dará inicio al proceso de dejación de armas. Al mismo tiempo, el Congreso se ocupa de una agenda legislativa diseñada para poner en marcha el contenido de los acuerdos. Esta incluye una ley de amnistía, los mecanismos de justicia transicional y las garantías para la participación política de los excombatientes, entre otros aspectos.

Hace apenas cuatro meses, a pesar de que el Gobierno y las FARC habían logrado cerrar cuatro años de negociaciones, la implementación de la paz parecía incierta después de que el 50,22 % de quienes votaron en el plebiscito del 2 de octubre le dijera no a los acuerdos de La Habana. ¿Por qué los colombianos rechazaron un acuerdo que pone fin a 50 años de guerra?

La opinión de los colombianos sobre “la paz” es multidimensional y compleja. La encuesta del Barómetro de las Américas que hace el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes muestra que, desde 2004, cerca del 60 % de los colombianos apoya una solución negociada al conflicto. Desde este punto de vista, los resultados del plebiscito serían sorprendentes. No obstante, según la versión de 2016 de este estudio, apenas el 40 % de los encuestados apoyó el acuerdo logrado entre Gobierno y las FARC. Si se trata de la participación en política de los excombatientes menos del 20 % la acepta. En síntesis, los colombianos ven con buenos ojos la idea de una negociación para resolver el conflicto, pero les cuesta mucho aceptar algún tipo de concesión que beneficie a las FARC. Para el Gobierno colombiano no era fácil “vender” un acuerdo que es visto por muchos ciudadanos como extremadamente generoso con los insurgentes.

¿Por qué los colombianos rechazaron un acuerdo que pone fin a 50 años de guerra?

A la dificultad de “vender” el acuerdo, se sumó un ambiente político polarizado. En 2010, Juan Manuel Santos ganó las elecciones con una plataforma que suponía continuar la política de mano dura contra las guerrillas de Álvaro Uribe. Una vez en la presidencia, Santos cambió el rumbo de su Gobierno al anunciar los primeros acercamientos con las FARC, decisión que no fue bien recibida por Uribe, quien ya en 2012 lideraba una fuerte oposición a la política de paz del Gobierno. El distanciamiento entre Santos y Uribe condujo a un proceso de polarización de las élites que tuvo repercusiones en la opinión pública. Desde 2012, entre los simpatizantes del expresidente, la confianza en las instituciones políticas se desplomó, lo mismo que su apoyo a una salida negociada al conflicto. Para el 2016, 5 de cada 10 “uribistas” apoyaban una salida negociada al conflicto. En contraste, 8 de cada 10 “no uribistas” favorecían esta alternativa. Si a la oposición de Uribe se suma la enorme popularidad del primero y el poco carisma del segundo, es fácil entender cómo el liderazgo del expresidente llevó a muchos votantes a rechazar el acuerdo.

Finalmente, la campaña por el “no” logró activar el miedo al acuerdo. Mientras los promotores del “sí” trataron de difundir los principales componentes de un acuerdo largo y complicado, los partidarios del “no” fueron muy hábiles promoviendo el miedo al acuerdo. En un país en el que menos del 10 % de los ciudadanos votaría por un candidato de las FARC, la campaña del “no” convenció a muchos de que el acuerdo pavimentaría la ruta a un inminente cambio de régimen. Además de anunciar la llegada del “castro-chavismo” a Colombia, los opositores al acuerdo fueron hábiles en difundir mentiras o verdades a medias. La justicia transicional fue presentada como total impunidad; a los pensionados les dijeron, falsamente, que la paz se financiaría con un impuesto a sus mesadas; a los trabajadores les vendieron la idea, también mentirosa, de que de los excombatientes recibirían un sueldo superior al salario mínimo. En un país en el que buena parte de la ciudadanía no vive la guerra, la campaña del “no” logró convencer a muchos de que los costes de la paz serían mayores que los de continuar el conflicto.

Las elecciones presidenciales de 2018 se presagian como un segundo plebiscito sobre los acuerdos de paz

A la luz de esta reflexión, lo realmente memorable es que un presidente impopular haya logrado convencer a la mitad de los colombianos de los beneficios de pactar un acuerdo de paz con una organización en la que apenas el 6 % de la población confía. El escollo del plebiscito fue superado y los acuerdos están siendo implementados. Es probable que el apoyo a la paz con las FARC aumente a medida que los ciudadanos vean que los elevados costes de la paz no son tales. Sin embargo, dada la enorme influencia de Uribe sobre la opinión, mientras se siga oponiendo a “la paz de Santos” el futuro del acuerdo seguirá siendo incierto. Las elecciones presidenciales de 2018 se presagian como un segundo plebiscito sobre los acuerdos de paz.