Una Alianza que beneficie al ciudadano
A poco más de dos años de firmada la Alianza del Pacífico, instancia de integración económica, cultural y social entre Chile, Colombia, México y Perú, es importante leer las señales y el sentido que tiene el esfuerzo de integración.
Más allá de la importancia del acuerdo, lo relevante es que transmite a la comunidad latinoamericana e internacional la visión compartida por los países miembros de la necesidad de fomentar el libre comercio y la competitividad de sus economías como modelo para alcanzar el desarrollo económico. Pero este convencimiento de ir tras el crecimiento económico no tiene sentido en sí mismo, sino en tanto permite de forma decidida impactar positivamente sobre la pobreza y disminuir la desigualdad social.
Chile, Colombia, México y Perú pueden ser considerados actualmente como las economías emergentes mejor evaluadas dentro de América Latina, y son reconocidos a nivel mundial. Según cifras del FMI, este bloque goza de buena salud. Los números de 2012 muestran un PIB de 2 billones de dólares –que representa un 3,5% del mundial–; una población total de 211 millones de personas, con un PIB per cápita promedio de 14.200 dólares y en constante aumento; una tasa de desempleo promedio de 7,2%; una inflación contenida en torno al 3,5% y una inversión extranjera directa que alcanzó los US$70.000 millones.
El crecimiento económico sostenido de los cuatro países, así como sus preocupaciones por el desarrollo social, han sido destacados por organismos internacionales. Desde nuestra realidad, a fines de octubre, la OCDE reunida en Santiago calificó como robusto y sólido el desempeño económico y fiscal del país en su Estudio Económico de Chile 2013, y pese a reconocer una tendencia a la desaceleración, subrayó que el ritmo de creación de puestos de trabajo en el país es “envidiable”. Chile –señaló la OCDE– “ha logrado avances formidables hacia una mayor prosperidad económica y reducción de la pobreza. El ingreso per cápita se ha más que quintuplicado durante los últimos 20 años, convirtiéndose en el más elevado de América Latina”.
Tener la capacidad de sumar a las bondades económicas de la integración productiva cambios sustantivos en beneficio de los ciudadanos, es una tarea principal para este grupo
En la misma línea, uno de los beneficios de la Alianza del Pacífico es que transmite un clima propicio de estabilidad política y económica, y señales de certeza jurídica que hacen atractiva la inversión extranjera internacional y entre países miembros. Como ejemplo, el ranking 2014 sobre Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial y la International Finance Corporation (IFC) publicado en octubre, ubica al grupo de países en torno a los 50 donde es más fácil realizar un negocio, sobre un total de 189 naciones. A su vez, el World Economic Forum, en su informe sobre Competitividad de las Naciones, los sitúa dentro de las 70 economías más competitivas, sobre un total de 148 países.
Pero más allá de cifras, ¿cuáles pueden ser considerados impactos concretos de este esfuerzo de integración?
El sentido mismo de la integración económica-social es ahondar en el intercambio de bienes, inversión extranjera y movimiento de personas, con clara orientación hacia la promoción efectiva de oportunidades de negocios entre los países participantes. Desde ya, tendrá beneficios directos sobre el intercambio comercial. Además, la alianza busca que exista libre circulación de bienes de exportación que –en su conjunto– representan del orden de los US$20.000 millones en 2011 entre los países del bloque. Para ello, fomenta la cooperación entre aduanas y una desgravación arancelaria para casi un 90% de los productos exportados entre naciones miembros. Este esfuerzo debiera llegar directamente a los consumidores, quienes podrán acceder a mayor variedad y mejor calidad de bienes a menor precio.
A su vez, potenciará los ya fuertes y cercanos lazos comerciales generados por grandes inversiones de empresas corporativas en países del bloque, que se han convertido en compañías “Multilatinas”. Se produce así una doble oportunidad: los países de mercados emergentes no sólo son destino de capital extranjero, sino que se han transformado con rapidez en inversores importantes en el exterior. En esta toma de decisiones, los tratados han jugado un rol muy relevante porque logran bajar el nivel de riesgo y permiten el crecimiento en nuevos mercados.
La Alianza del Pacífico potenciará los ya fuertes y cercanos lazos comerciales generados por grandes inversiones de empresas corporativas en países del bloque, las empresas Multilatinas
El Ranking Multilatinas 2013 de la revista América Economía muestra que un 56% de las 80 corporaciones más importantes de América Latina pertenecen a algún país miembro de la Alianza del Pacífico. México ostenta 18 empresas en el ranking; Perú sale a la región con tres destacadas; Colombia resalta por la internacionalización de cuatro de ellas, y Chile lidera en volumen con veinte empresas.
En la práctica, las Multilatinas han sido capaces de traspasar know how y experiencia, al servicio de proyectos, clientes y comunidades en que actúan. La empresa de retail Mall Plaza, de Chile, es un claro ejemplo: en la década del 90, sustentó su modelo de negocio en el estudio profundo de una clase media emergente en el país, para conocer sus anhelos y expectativas, lo que le permitió ir por delante de las necesidades. Con esa visión, multiplicó “centros urbanos” a la par con el crecimiento de los ingresos medios de los chilenos. Luego, con mirada regional, identificó escenarios similares y esfuerzos de estabilidad política y económica en Perú y Colombia, y vio que el modelo era exportable: Perú tiene ya cuatro centros urbanos y se prepara la apertura del segundo en Colombia. “Ser los más grandes en Chile, con liderazgo en innovación y crecimiento, nos llevó a mirar hacia afuera. Significó todo un aprendizaje: primero nos parábamos desde Chile, como una empresa con operaciones en Perú y Colombia… hoy nos paramos como una compañía regional, con estándares y propuestas de valor regionales. Significa hacer las cosas y estructurar el negocio de otra forma, buscando las mejores prácticas y aplicaciones locales”, destaca Fernando de Peña, quien lidera Mall Plaza desde hace más de 15 años.
Enersis y sus afiliadas Endesa en Latinoamérica, son otro ejemplo de integración regional y su aporte ha ayudado a cambiar la vida a mucha gente en comunidades o zonas aisladas. Pero no sólo esta compañía, sino que varias empresas hacen una apuesta simultánea en educación, convencidas de que es la gran herramienta que permite movilidad social y de que la posibilidad de estudiar hace la diferencia. Múltiples programas en distintos países muestran cómo un trabajo coordinado permite trasladar las mejores prácticas en esfuerzos que no pasan sólo por mejorar rentabilidad de última línea, sino por invertir en intangibles con el mejor retorno: recursos humanos, movilidad interna, seguridad laboral y responsabilidad social.
Actualmente, el resto del mundo mira con interés la Alianza del Pacífico. Hay 20 países observadores, con intenciones de integrarse a ella, y algunos como Costa Rica y Panamá, que ya son candidatos a ser miembros del grupo, lo que demuestra el dinamismo y amplio potencial del bloque.
Pero como señalamos al iniciar esta reflexión, el esfuerzo de crecimiento económico tiene sentido en la medida en que impacta en la calidad de vida de la población de los países firmantes. Desde hace algunos años, un fenómeno global ha movido la relación de los ciudadanos con las instituciones. El gravitante papel que ha ido asumiendo la sociedad civil y la tendencia a una “ciudadanía activa” han impactado frontalmente no sólo en las decisiones políticas, sino también en la relación de la población con las empresas, que han constatado cómo importantes proyectos en ámbitos productivos y de servicios son cuestionados por la comunidad.
Actualmente, la comunidad es y debe ser vista como actor esencial para el éxito de proyectos empresariales. No reconocerlo o abordarlo de manera reactiva genera consecuencias que pueden ser devastadoras e irreversibles, en pérdidas no sólo de grandes inversiones, sino además de reputación corporativa. Un desafío estratégico para las compañías es su vinculación temprana con sus entornos sociales, no sólo para conseguir la aprobación de un proyecto, también para establecer una relación de largo plazo y, sobre todo, de mutuo beneficio. Un vínculo instrumental o utilitario de parte de la empresa le quitará toda credibilidad y se convertirá en un derroche de recursos, energía y tiempo.
En Chile, vemos señales en el camino correcto. Hace un año, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Lorenzo Constans, afirmó categórico que “la empresa tiene una responsabilidad que no podemos eludir: hoy debemos ser una empresa ciudadana, inserta en las comunidades y atenta a las necesidades de todos los chilenos”.
A fines de octubre pasado, hubo una segunda señal: empresarios al más alto nivel avanzaron en un esfuerzo por extender buenas prácticas corporativas lanzando el proyecto “Bien común, dilemas éticos y compromisos empresariales”, que aborda temas de libre competencia; autorregulación; comunidades y medio ambiente; relaciones con los trabajadores, consumidores y stakeholders. Declaraciones como “la empresa no parte en la venta y termina en la utilidad, sino que empieza en la venta y termina en la sociedad” (Alfonso Swett, vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa) o “la empresa solo puede existir en el largo plazo si entrega un beneficio a la sociedad mayor a los costos que provoca” (Gerardo Jofré, presidente del directorio de Codelco) son sintomáticas de un cambio que, esperamos, haya llegado para quedarse.
También es buena señal ver cómo los empresarios hoy aplauden y valoran esfuerzos de integración regional, instancias que en décadas pasadas fueron tildadas de burocráticas y poco eficientes.
El estudio Chilescopio 2012, presentado por la Universidad del Desarrollo (UDD), reveló que el 73% de los ciudadanos consultados percibe “mucho abuso” de las empresas hacia sus trabajadores y que el 71% considera que hay “mucho abuso” de las empresas con los consumidores.
Si bien Chile ha mostrado un sólido crecimiento económico y una importante reducción de la pobreza (38,6% en 1990 a 14,4% en 2011), se mantiene como el país más desigual entre los integrantes de la OCDE y uno de los 20 más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. Como destacó recientemente el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, la disminución de la brecha de desigualdad en Chile a partir de la aplicación de políticas públicas en la línea correcta le ha permitido hacer la diferencia con otras naciones. Agregó, sin embargo, que el “nivel sigue siendo inaceptable desde el punto de vista de nuestras ambiciones respecto de una sociedad más igualitaria”.
En ese contexto, ni Chile ni los países integrantes de la Alianza del Pacífico pueden cerrar los ojos. También en palabras de Gurría, la desigualdad en América Latina se puede abordar con más educación, salud, infraestructura, oportunidades, crecimiento y empleo, en un continente que si bien no es el más pobre del mundo, presenta las mayores desigualdades y, por tal motivo, hay que trabajar en eso. Ese es uno de los desafíos de la Alianza del Pacífico. Tener la capacidad de sumar a las bondades económicas de la integración productiva, cambios sustantivos en beneficio de los ciudadanos. Lograr que declaraciones y acuerdos se traduzcan en resultados percibidos y valorados por la ciudadanía es una tarea principal. Ello supone trabajar una relación estado-empresa-sociedad basada en la cercanía, el reconocimiento mutuo y la transparencia.