UNO Julio 2020

PRIVACIDAD y DATOS en la ERA POST-COVID-19

El pasado abril, Apple y Google anunciaban un sorprendente acuerdo: a tenor de la crisis del COVID-19, las dos empresas colaborarían para crear una aplicación de rastreo con una colosal base de datos capaz de inquirir los movimientos y contactos de hasta tres mil millones de usuarios. Un anuncio inquietante por dos motivos: el primero tiene que ver con derechos fundamentales, y se predica en el hecho de que dos Big Tech, y por extensión sus clientes (ya sean gobiernos o empresas) tengan potencialmente el acceso a cada movimiento de prácticamente la mitad de la población mundial. El segundo tiene que ver con la economía: es preocupante que dos grandes empresas –de por sí cuasi-monopolísticas– puedan, bajo la excusa de una crisis global, estrechar su colaboración.

¿Vigilar y curar? La seducción del autoritarismo tecnológico

Una de las reflexiones académicas clave del siglo pasado sobre los efectos de la vigilancia fue Vigilar y Castigar de Michel Foucault, donde se analizaban las transformaciones de los regímenes penitenciarios. Hoy bien podríamos haber titulado este artículo Vigilar y Curar. Observamos, bajo una lógica de salud pública, justificaciones y búsquedas de soluciones basadas en la vigilancia masiva. Inspirados en las experiencias de varios países de Asia Oriental, varios estados están interesados en imitar este modelo basado en la monitorización tecnológica. Qatar ha introducido una aplicación móvil obligatoria para rastrear cada movimiento de sus ciudadanos, y clasificarlos en cuatro niveles de sospecha, bajo penas de prisión de hasta tres años. En cualquier caso, resulta destacable que estas demandas no solamente hayan procedido de gobiernos autoritarios. Numerosos políticos y periodistas en democracias liberales han exigido este tipo de soluciones.

“Con la relajación de las normas de competencia, asistimos a un cóctel perfecto para la centralización en el sector digital”

Sin embargo, refugiarse en las políticas de emergencia para implementar sistemas que suponen una intromisión sin precedentes en las actividades de los ciudadanos no parece lo más adecuado. Al igual que en otros sectores de la economía, cabe inspirarse en la preferencia europea por “el principio de precaución”. La idea de que cualquier solución tecnológica debe aplicarse teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios negativos, desplegándose gradualmente y con mecanismos adecuados para rendir cuentas y su repliegue en caso de resultados no deseados.

La tentación de la manzana

Efectivamente, la Unión Europea ha demostrado tener el enfoque más sofisticado hacia la emergencia del sector digital y su principal materia prima (datos). El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en 2018, otorgaba derechos a los usuarios sobre su información personal. Al mismo tiempo, en el terreno comercial, la Comisaria Vestager ha iniciado los casos más ambiciosos sobre competencia y mercado contra Google, Apple y otras tecnológicas norteamericanas.

Sin embargo, la cuestión fundamental es la relativa falta de liderazgo europeo dentro del sector digital, que ha quedado más patente que nunca durante la crisis. Con una capacidad estatal minada y dedicada al sector sanitario, los líderes de los 27 han tenido muchos problemas para desarrollar aplicaciones de rastreo solventes.

Ante esto, Google, Facebook o Apple son la “manzana” en el árbol del conocimiento, ofreciendo una base de datos donde la mayoría de europeos ya están registrados. Con la relajación de las normas de competencia, asistimos a un cóctel perfecto para la centralización en el sector digital.

“Debemos asegurarnos de que este sistema de garantías siga primando ante las tentaciones autoritarias que emerjan en las próximas décadas”

Hacia una resiliencia digital europea

¿Cuál debería ser la vía europea, ante esta disyuntiva? Efectivamente, una apuesta continuista con su legado, asegurando que ni las corporaciones ni los Estados abusan de esta necesidad temporal de vigilar y curar.

En lo que respecta a los derechos digitales, como señala Veena Dubal (profesora en la Universidad de California) debemos utilizar este momento para reflexionar y “demandar restricciones masivas a la recolección, la construcción de barreras digitales y la permanencia de límites a la vigilancia biométrica”. Un primer paso esencial debe ser, por consiguiente, exigir el borrado de todos los datos recopilados durante la crisis del COVID-19 una vez que se controle.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en el carácter fundamental del derecho a la privacidad, que no puede ser violado bajo la excusa de “la seguridad nacional”. Debemos asegurarnos de que este sistema de garantías siga primando ante las tentaciones autoritarias que emerjan en las próximas décadas. Asimismo, en nuestro país deberán de establecerse salvaguardas técnicas actualizando las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos y creando nuevos organismos similares, por ejemplo, al CNCTR francés.

“El continente debería trabajar para evitar la falta de capacidad digital ante futuras crisis”

En cuanto al aspecto económico, el continente debería trabajar para evitar la falta de capacidad digital ante futuras crisis. Más allá de la RGPD, expertas como Francesca Bria, presidenta del Fondo Italiano de Innovación, han expuesto medidas que pueden subsanar el atraso europeo y proteger a usuarios, como ciudadanos y como productores de datos.

– Un nuevo sistema de fiscalidad digital y reglas del comercio digital, que tengan en cuenta los impactos desiguales de la pandemia.

– Reconsiderar datos personales como bienes públicos permitiría devolver a los consumidores una parte del valor de sus datos.

– Sin perjuicio de propiedad intelectual y la innovación, las regulaciones podrían obligar a empresas a compartir datos que se considerasen de interés público.

– Para pequeñas y medianas empresas, el acceso a infraestructuras digitales abiertas reequilibraría la balanza para aportar competitividad a la industria europea.

En cualquier caso, si hay algo que debe diferenciar estas iniciativas es el respeto a la transparencia y a la privacidad de los ciudadanos. No debemos permitir que una crisis, por profunda que sea, socave principios y valores construidos tras décadas de integración europea.

 

Bernardino León
Investigador doctoral en Sociología en SciencesPo
Es profesor ayudante de Teoría Política y Estudios de Seguridad en la Paris School of International Affairs de SciencesPo. Forma parte del equipo de GUARDINT, un proyecto colaborativo de SciencesPo, King’s College London y el WZB dedicado a estudiar las limitaciones y desafíos que existen en el control y la rendición de cuentas de los servicios de inteligencia en Europa. Su trabajo ha sido financiado por la Fundación “La Caixa” y por la Agencia Nacional de la Investigación francesa (ANR). [Francia]

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Roy Cobby
Doctorando en Humanidades Digitales en el King’s College de Londres
Actualmente investigando el impacto de la agricultura digital y el modelo de plataformas sobre el desarrollo en el Sur Global. Ha trabajado en el sector privado en marketing, comunicación estratégica y servicios de consultoría. Colabora en medios tratando cuestiones de política y economía, particularmente política industrial. [Reino Unido]

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