Recuperar para Transformar
Recuperar para Transformar nace del profundo convencimiento de que estamos, ciudadanos, empresas y gobiernos, ante un profundo cambio sistémico que requiere nuevas formas de definir y afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Desde la creciente desigualdad económica, política y social que se interpone en el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los objetivos de descarbonización de la economía, que luchamos por mantener en medio de una crisis energética global, o la lucha geopolítica por el liderazgo tecnológico que definirá en gran medida nuestro futuro, los riesgos, retos y oportunidades que definen esta década están altamente interconectados y son de naturaleza global.
¿Cómo hacerles frente? La realidad es que no sabemos con certeza cuáles son las mejores respuestas, y para muchos de estos retos carecemos de solución hoy en día. Carecemos también de un mecanismo claro de financiación: las estimaciones de la inversión necesaria para enfrentar los retos globales se sitúan en cifras billonarias, imposibles de movilizar por ningún estado u organización multilateral por sí solo.
Solo encontraremos las respuestas si cambiamos las herramientas que utilizamos para encontrarlas, empezando por cómo entendemos el rol del estado, sector privado y sociedad y, sobre todo, la interacción entre ellos.
En lo que sí estamos de acuerdo los autores de este UNO38 es en que sólo encontraremos las respuestas si cambiamos las herramientas que utilizamos para encontrarlas, empezando por cómo entendemos el rol del estado, sector privado y sociedad, y sobre todo, la interacción entre ellos.
Si el estado ya no puede limitarse a no entorpecer, las empresas ya no pueden focalizarse exclusivamente en el beneficio económico. Jordi Sevilla, bajo el paradigma de “misiones”, señala cómo los “desafíos complejos exigen activar esfuerzos coordinados en torno a objetivos claros, capaces de movilizar los recursos necesarios para transformar la sociedad”.
El rol incentivador y regulador del estado y las organizaciones supranacionales para orientar la financiación privada hacia la sostenibilidad y el impacto, y la respuesta del sector, con un crecimiento de más del 30% anual, es uno de los ejemplos más claros de avance bajo un propósito común, compatible y mutuamente beneficioso.
Se trata de redefinir roles, procesos y enfoques tradicionales para catalizar soluciones hacia un objetivo común: avanzar hacia una sociedad más resiliente, inclusiva y sostenible como pilar de la recuperación.
Uno de los retos donde esta colaboración se hace más evidente es el de la transición climática. Joaquín Mollinedo nos recuerda el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2019) prevé 240 000 millones de euros solo para la transición energética, y señala que a partir de un marco institucional y direccional claro ”el sector privado debe aportar esfuerzo inversor y capacidad de ejecución, pero también conocimiento e innovación, con un horizonte de medio y largo plazo alineado con el interés general“.
“Quien suma gana” argumenta Ximo Puig al señalar que en la Generalitat Valenciana “la empresa lidera y el Consell ha ejercido un rol de catalizador de iniciativas: aglutinando a pymes y empresas tractoras; interconectando sectores; e implicando a todo el ecosistema innovador”.
Raül Blanco lo ejemplifica de la mano de los PERTE, que por diseño incentivan “unir proyectos y consolidar a empresas de muy diferente tamaño, que tienen que trabajar juntas -aportando su experiencia y dimensión- en la definición y consecución de un gran proyecto global”.
La mirada de América Latina que comparte Gema Sacristán, junto con Matías Kulfas y Daniel Schteingart entre otros autores, nos señala la necesidad de “pasar de medidas defensivas y con objetivos cortoplacistas a una agenda de crecimiento sostenible e inclusivo” que a su vez hace imprescindible, ante el poco margen de maniobra de las políticas monetaria y fiscal, la colaboración entre el sector privado y el sector público.
Algo que sin duda requiere también de reformas estructurales. Rafael Doménech lo ejemplifica en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España, al señalar que “su efecto sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía dependerá del carácter transformador de las inversiones y de su interacción con las reformas estructurales, especialmente en la medida que puedan aumentar la cantidad y calidad de empleo, y mejorar la productividad”.
Fátima Báñez nos recuerda que si hemos salido de crisis recientes ha sido “por la colaboración, el diálogo y la disposición a alcanzar acuerdos que desembocarán en la mejora del bien común”. Una mejora, como señala Adriana Domínguez, que además pasa por “la generación de empleo de calidad y de marcas de aquí, marcas de país”.
Estas y otras muchas reflexiones de autores destacados se encuentran en estas páginas. A las que agregamos, como no podía faltar, la mirada multilateral.
Es más necesario que nunca avanzar hacia estándares comunes y normativas integradas entre países que comparten valores similares. La fragmentación normativa, en materia de medioambiente o de economía digital, solo nos debilita, generando incertidumbre, disminuyendo la innovación compartida y minando nuestro posicionamiento geopolítico en un mundo en el que de nuevo emergen bloques dramáticamente diferenciados. Del mismo modo, la financiación conjunta de programas de inversión e innovación, como lo son los IPCEI a nivel europeo, será cada vez más común, para poder afrontar las grandes transformaciones en materia energética o de infraestructura digital. Incluso si esto supone, como ha sido el caso del instrumento Next Generation, la emisión de deuda conjunta y mancomunada entre países que no están siempre de acuerdo en lo demás.
Nada de esto es una utopía, al contrario. Lo empezamos a ver de forma concreta y medible en el marco del instrumento Next Generation UE
Nada de esto es una utopía, al contrario. Lo empezamos a ver de forma concreta y medible en el marco del instrumento Next Generation EU o en la respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia. Como señala Susana del Río, “recuperación y transformación están acoplando sus vertientes para conseguir una redefinición del proyecto europeo, centrado en un modelo constitucional de suma”.
Sin embargo, este impulso, que apalanca también el incentivo financiero, por sí mismo no será suficiente. Los nuevos modelos de colaboración requieren de cambios profundos para hacerse realidad más allá de los shocks externos. Necesitamos una cultura a nivel de administración pública más abierta e innovadora. Que la transformación del rol de las empresas como actores en la sociedad vaya más allá de los datos ESG para formar parte del ADN de su gobierno corporativo y mandato ante sus accionistas. Y que los mecanismos de colaboración público-privados se incentiven y se generen de forma expresa y consistente. En definitiva, se trata de redefinir roles, procesos y enfoques tradicionales para catalizar soluciones hacia un objetivo común: avanzar hacia una sociedad más resiliente, inclusiva y sostenible como pilar de la recuperación.
